Esperanza United se solidariza con las personas sin hogar, muchas de las cuales son sobrevivientes de violencia de género (GBV por sus signos en inglés). Operamos un refugio para sobrevivientes de GBV y sus familias y trabajamos de manera integral con más de 600 personas y sus hij@s cada año. Conocemos muy bien las barreras para entrar a refugios y las realidades de la capacidad limitada. Nos preocupa profundamente la reciente decisión de la Corte suprema en Grants Pass v. Johnson, que permite que las ciudades traten como delito no tener hogar. Pueden castigar a las personas por dormir en la calle, aunque no haya lugar en los refugios.l
Apoyamos la poderosa disidencia de la jueza Sotomayor, quien destacael impacto devastador que esta decisión tendrá en l@s sobrevivientes de GBV. Como ella señaló, «Para las mujeres, casi el 60% de aquellas que experimentan la falta de vivienda informan que escapandola violencia doméstica fue la ‘causa inmediata’.» Esperanza United comprende que la criminalización de la falta de tener hogar afecta de forma desigual a las comunidades de color, incluyendo a l@s latin@s, sus familias, y l@s sobrevivientes.
Much@s sobrevivientes latin@s de GBV enfrentarán consecuencias severas debido a esta decisión. La GBV y la pobreza crean un ciclo vicioso que puede llevar rápidamente a la falta de vivienda. Much@s sobrevivientes pierden su vivienda debido a abuso financiero, pérdida de empleo, o la necesidad de mudarse por razones de seguridad. Tras no tener hogar, enfrentan una mayor vulnerabilidad a más violencia y explotación, lo que hace aún más difícil romper el ciclo de abuso y pobreza.
L@s sobrevivientes indocumentad@s enfrentan barreras adicionales para obtener servicios, y las leyes contra acampar los hacen aún más vulnerables, sin tener en cuenta su trauma y la posible re-traumatización en espacios de refugio tradicionales.
Hacemos un llamado a los gobiernos locales para que prioricen soluciones de vivienda informadas por el trauma y culturalmente sensibles, y que implementen alternativas a la criminalización que se centren en las necesidades de las poblaciones vulnerables. Instamos a los gobiernos locales a aumentar la financiación para refugios de violencia doméstica, programas de servicios culturalmente específicos, y programas de vivienda transitoria, especialmente a la luz de la decisión de la Corte Suprema a favor de Grants Pass.