L@s sobrevivientes no pueden darse el lujo de intercambiar atención médica por seguridad alimentaria

Después de semanas de órdenes judiciales contradictorias y directivas de agencias, algunas familias comenzaron a recibir sus beneficios de SNAP de noviembre durante el fin de semana, mientras que millones más en todo el país aún están esperando, sin saber cuándo llegará la ayuda.  

Ayer, el 12 de noviembre, el presidente Trump firmó un proyecto de ley de financiamiento que extiende el financiamiento de SNAP hasta septiembre de 2026, poniendo fin al cierre del gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos. Permite que el Departamento de Agricultura (USDA) libere los fondos restantes a todos los estados y territorios para los pagos completos de SNAP. No obstante, cuando recipientes verán fondos en sus tarjetas de EBT probablemente sería diferente dependiendo del estado.  

Pero terminar el cierre del gobierno tiene un costo devastador para el cuidado de la salud de l@s sobrevivientes. El paquete legislativo omite cualquier resolución para los créditos fiscales mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que hacen que la cobertura de salud sea más asequible para millones de personas, los cuales están programados para expirar a finales de año.  

Si estos subsidios expiran, las primas mensuales de l@s sobrevivientes que compran seguro de salud a través del mercado se duplicarán en promedio. Para l@s sobrevivientes que dependen de un seguro más asequible para acceder a los servicios de salud física y mental que necesitan para sanar y prosperar, esto es catastrófico.  

El cuidado de salud asequible no es un lujo – es seguridad.  

Es un@ sobreviviente que aprende sobre refugios para violencia doméstica y recursos en su chequeo anual.  

Es un@ padre que lleva a su hij@ al hospital despúes de soportar violencia en su hogar.  

Es un@ sobreviviente que deja a un cónyuge abusivo sin miedo a perder la cobertura.  

Much@s sobrevivientes y sus hij@s tienen lo que las compañías de seguros llaman ‘condiciones preexistentes’, lo que hace que el seguro privado sea más costoso sin los subsidios de la ACA. Después de sufrir o presenciar abuso, l@s sobrevivientes y sus hij@s tienen que vivir con estrés postraumático, lesiones de visitas a la sala de emergencias y enfermedades crónicas.  

Sin cobertura asequible, l@s sobrevivientes enfrentan decisiones imposibles entre su salud y su seguridad.  

La crisis es aún más profunda para l@s sobrevivientes inmigrantes. A principios de este año, el Congreso cortó sumariamente a l@s sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, tráfico humano y otros abusos legalmente presentes, incluídos aquell@s se les concedió asilo, visas T o alivio VAWA, así como refugiad@s, personas en libertad condicional y otros, de los beneficios de SNAP, Medicaid, Medicare, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) y la ACA. Ninguna cantidad de litigio o discreción de la agencia puede arreglar esto. Se necesitaría otra ley del Congreso para corregir esta injusticia.  

Cuando l@s sobrevivientes no pueden confiar en que se satisfarán sus necesidades más básicas, quedan vulnerables a aún más explotación y violencia.  

Qué podemos hacer: 

Informe a su representante en el Congreso sobre la importancia crítica de la asistencia alimentaria y la atención médica para tod@s l@s sobrevivientes, incluyendo a l@s sobrevivientes inmigrantes que fueron injustamente excluid@s de este recurso vital a principios de este año. Explique que el Congreso no debe continuar sacrificando la seguridad médica por la seguridad alimentaria. L@s sobrevivientes necesitan ambas. Nadie debería verse forzado a elegir entre seguridad y hambre, entre atención médica y alimentos, ni se le debe negar el apoyo que necesita para escapar de la violencia simplemente por su estatus migratorio. 

 

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